Los maestros se quedan sin paro en Uruguay

Uruguay  llegó a sus 190 años de independencia en medio de la contienda que libran los maestros y el gobierno. Este lunes, en víspera del aniversario, el presidente Tabaré Vázquez obligó a los profesores a levantar la huelga por medio de un decreto que declara el estatus esencial, o “esencialidad”, de la educación. Una figura jurídica que limita su derecho a la protesta y les obliga a regresar a las clases a partir del 26 de agosto. Su no cumplimiento genera sanciones.

La noticia levantó ampollas entre los docentes, quienes están dispuestos a llevar el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Consideran que la “esencialidad” no puede aplicarse a la educación y que esta medida atenta contra su derecho a la protesta. Para ellos, las acciones que vienen adelantando no ponen en riesgo ni la vida, ni la seguridad, ni la salud de los estudiantes. Así lo afirmó la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades).

Precisamente, la figura que decretó el gobierno se aplica cuando un servicio involucra “las condiciones necesarias para asegurar la vida, la seguridad o la salud de la persona, en todo o en parte de la población”, como explicó la agencia EFE. Ahí es cuando aplica la categoría de esencial. Para el gabinete de Tabaré Vázquez estos requisitos se cumplen, porque se está privando a 350.000 niños de escuelas públicas y 290.000 adolescentes de las instituciones estatales de secundaria, como informó AP.

“¿Es legal la declaración de esencialidad? Si no, no lo hubiéramos hecho”, sostuvo el presidente este martes cuando llegó a la ciudad uruguaya de Florida. “Nosotros no nos embarcamos en aventuras”, remató. Según informó el diario nacional El Observador, el mandatario fue recibido con cánticos por parte de los profesores que lo esperaban: “a ver, a ver, señor presidente, si usted puede vivir con el sueldo de un docente”.

De acuerdo con el texto del decreto, que publicó este medio de comunicación en su portal, las acciones adoptadas por los profesores que están en paro “han provocado la pérdida de una significativa cantidad de horas docentes y de servicios de alimentación en escuelas de todo el país”. La medida se aplica a todos los maestros de centros de educación inicial, primaria, secundaria, técnica y de formación docente. Su vigencia es de 30 días.

Este es el más reciente capítulo del pulso que mantienen docentes y gobierno desde el pasado 17 de agosto, cuando los maestros de Montevideo iniciaron el cese de actividades. La demanda principal: mejoras salariales. De acuerdo a la información difundida por la agencia EFE, los profesores exigen un salario básico de 30.000 pesos uruguayos (1.039 dólares) al ingresar a la docencia. Actualmente un profesor de enseñanza media gana 21.000 pesos (727 dólares) al comenzar su carrera.

El gremio del profesorado reclama un aumento para la educación del seis por ciento del PIB. El dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades) le explicó a El Observador en su momento que la decisión de entrar a paro obedecía a la discusión que en los últimos meses se venía dando sobre el presupuesto quinquenal: “las señales que ha dado el gobierno al respecto han sido malas”, sostuvo. Y agregó que “hay más dinero para destinar a la educación” del que en un principio se pensaba invertir.

El viernes 21 de agosto, el gobierno había llegado a un acuerdo sobre el ajuste salarial con los dirigentes del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central sindical única de Uruguay. Sin embargo, las bases gremiales no lo aceptaron y anunciaron nuevas protestas para esta semana. Según un comunicado de internet de la Asociación de Maestros de Montevideo, la propuesta era llevar el salario mínimo a 25.000 pesos (unos 865 dólares), lo que "está lejos de nuestro reclamo". De ahí que la respuesta del Ejecutivo haya sido decretar la “esencialidad”.

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, quien anunció la medida, lamentó la decisión del gremio de rechazar el ofrecimiento del gobierno. “Si se acuerda un aumento salarial por encima del resto de trabajadores públicos durante dos años hay que tener en cuenta que en ese periodo no va a haber movilizaciones sindicales por motivo de ese aumento que se ha firmado”, sostuvo. Por su parte, los profesores rechazaron que el aumento estuviera sujeto a una suspensión de los paros y las movilizaciones.

El gobierno, sin embargo, insiste en que los recursos para la educación están asegurados. El 39 por ciento del presupuesto irá a esta cartera, como lo afirmó el ministro de Economía Danilo Astori. Es el sector que más recibe. En cuanto al PIB, El Observador informó que, según el funcionario, en los próximos dos años la educación recibirá el 4,8 por ciento del PIB. Para 2017 el gobierno aspira alcanzar el cinco por ciento. La cifra que exigen los educadores se alcanzaría entre 2018 y 2019.